Parir en la cárcel
Parir en la cárcel
Marcelo Sánchez
En la actualidad, Chile tiene una población carcelaria de unas 42.000
personas (Gendarmería de Chile, 2019), de las cuales cerca de un 8% son
mujeres, cada año este número crece ya sea por la calidad de condenadas
como aquellas que cumplen una cautelar, en especial debido al impacto
de la Ley 20.000 (define los delitos y las penas vinculados al tráfico
ilícito de estupefacientes).
La mayoría de las mujeres en recintos penitenciarios cumple condena
por robo, hurto o microtráfico de drogas, y no existen políticas
públicas relevantes que reconozcan las diferencias de los procesos de
reinserción de ellas respecto al modelo basado en la población
masculina.
El énfasis puesto por Fundación San Carlos de Maipo y la Fundación
Levántate Mujer respecto de los programas de reinserción femenino, pese a
los aprendizajes, este no ha sido incorporado con decisión en las
distintas instancias gubernamentales. Por otra parte el
encarcelamiento femenino crece sin aportar una visión con perspectiva de
género, ni posibilidades efectivas de inserción social. Más aún
subsisten complejas realidades como la existencia de facto del
encarcelamiento de hijos menores de dos años a los que se les permite
estar con sus madres encarceladas dentro de una unidad apartada de la
demás población penal, llamadas "unidades materno-infantiles", o los "Cuna" como se les llama en la jerga penitenciaria.
En nuestro país son cerca de 250 mujeres con hijos dentro de las 30
unidades salas-cuna con estándares distantes de las recomendaciones
internacionales y pese a todos los informes que hablan de los efectos
adversos de la prisión en el desarrollo de niños y niñas, ya sea en
ellos directamente o a través del encarcelamiento de su padre o madre.
Con todo, el ejercicio de la maternidad al interior de recintos
penitenciarios es una situación compleja que deriva sin duda en afectar
el desarrollo positivo del niño/a o de su madre.
A nivel Internacional en legislaciones como la Italiana o Argentina,
se contempla la suspensión de condena privativa de libertad a mujeres
que estén embarazadas o que sean madres de hijos pequeños, más aún en
los casos en que la mujer está sólo en calidad de Imputada. De
allí que es muy grave situaciones como las vividas hace algunos años por
Lorenza Cayuhan, quien el 2016 se vio obligada a dar a luz engrillada a
su hija Sayen, lo que motivó el Proyecto del mismo nombre presentado
por los senadores Jaime Quintana y Alejandro Navarro que completa tres
años en primer trámite constitucional, siendo su objetivo principal
evitar que niños nazcan y crezcan en las cárceles, haciendo improcedente
la prisión preventiva y suspendiendo la condena privativa de libertad
hasta el cumplimiento de la edad mínima de tres años del niño o la niña.
Luego del episodio de Lorenza se asumieron compromisos para
rectificar en la acción de custodia frente a situaciones similares, sin
embargo, el pasado 6 de noviembre, un nuevo caso de violencia
institucional quedó registrado, esta vez en San Miguel afectando a
Lisbeth, ciudadana dominicana con embarazo de término, que entró en
trabajo de parto luego de su audiencia de deportación. En un primer
momento sólo fue auxiliada por sus compañeras de celda. Es un caso que
por su registro se hace evidente, pero no cabe duda que hay otros que
han pasado en el más absoluto anonimato.
Hoy más que nunca y
frente a los incumplimientos en un trato digno y oportuno a mujeres
embarazadas en recintos penitenciarios, es necesario avanzar en
la tramitación urgente de la “Ley Sayen”, procurando erradicar
definitivamente la violencia obstétrica en las cárceles y garantizando
un desarrollo sano para los primeros años de vida de sus hijos.
Publicado en La voz de los que sobran el 15 de noviembre de 2020.
https://lavozdelosquesobran.cl/parir-en-la-carcel/
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