La ineficiente guerra contra el narcotráfico

La urgente necesidad de un cambio de enfoque

La ineficiente guerra contra el narcotráfico

A diario la cobertura a operativos contra el narcotráfico copa los medios. Operativos producto de una de las políticas más fracasadas de nuestra historia y que en impacto negativo y daño ha superado los que genera la droga misma (1). Miles de personas, desechables para el narco, son detenidas y encarceladas, mientras el poder real sigue operando con tranquilidad. A pesar de todo, los objetivos de reducir el consumo de drogas y el poder del narcotráfico no se lograron. Un cambio de enfoque es ya urgente.

Eduardo Vergara B.*

Mientras la guerra contra las drogas ha fracasado en cumplir los objetivos mencionados, ha sido exitosa como herramienta de control social. Mujeres, jóvenes y quienes menos tienen pagan los costos. El 46% de los motivos de ingreso de la población femenina nacional recluida corresponde a drogas (Tarapacá 70% y Arica 65% (2). Si a estas cifras además les sumamos los ingresos por delitos relacionados a armas y homicidios, generando una categoría de criminalidad armada con fuerte relación al mundo de las drogas, explican el 57% de los ingresos totales. En el caso de los hombres, los ingresos relacionados con drogas llegan solo al 15% y en criminalidad armada (drogas, homicidios y armas) al 29%. Tal y como la cárcel chilena se explica en gran parte por delitos relacionados a drogas, algo similar ocurre en las detenciones. Mientras el 2012 en el país superamos las 85 mil detenciones por violaciones a la ley de drogas (233 al día), en los años posteriores estas se han estabilizado en torno a las 40 mil anuales bajando el 2019 a las 33 mil. Además, entre el 2005 y marzo del 2020, el 64% de todas las detenciones por drogas efectuadas por Carabineros fue a menores de 29 años (3). Este círculo de persecución-castigo-libertad-castigo se repite una y otra vez sobre personas y menores de edad que pueden tener carreras delictuales de hasta 50 años, presas en una máquina de producción de capital humano prácticamente ilimitado para que el narco los transforme en soldados desechables.

 

Narcos aumentan su poder

Estas cifras hablan además de lo que sucede en los territorios donde el narco ha aumentado su poder e incluso reemplazado al Estado en entregar recursos, protección e incluso trabajo. Ahí hay personas que terminan presas en espacios donde durante el día y la noche hay quitadas de droga, asaltos, balaceras y homicidios. De igual forma que la pandemia del Covid 19 ha permitido el aumento de poder. Cada centímetro que el Estado se contrae es un centímetro que gana el crimen. Si a nivel país el 58% de las personas aseguró presenciar con frecuencia la venta de drogas, el 52% robos en la vía pública y el 39% incluso balaceras en sus barrios (4), la situación en las zonas de sacrificio de seguridad es peor. Mientras el 2020 los homicidios aumentaron un 29% a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio Público en ciertos territorios del sur de la Región Metropolitana fue en un 80%. Con significativas relaciones entre los condenados e imputados por homicidio con violaciones a la ley de drogas y ajustes de cuenta, las armas jugaron también un rol central. De acuerdo a la PDI, el uso de armas en estos delitos ha aumentado en un 39% a nivel nacional y en la RM en un 58%, gran parte ligados a actividad relacionada con criminalidad organizada. Como si fuera poco, de acuerdo al Proyecto Zonas Ocupadas CIPER/UDP más reciente, las "zonas ocupadas", territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana, llegaron a los 174, duplicándose en una década (5).

 

Las platas de la droga

En paralelo, esta guerra permite la generación de recursos millonarios y poder. Todo a costa de una trama que se viene repitiendo en nuestro hemisferio y causa enormes violaciones a los derechos humanos, homicidios y un gasto que podría ser destinado a educación, salud y tanta necesidad que acarreamos por décadas. Existen diferentes estimaciones respecto a los ingresos que estaría generando la venta de drogas. Una de ellas, en base a cifras de consumo y precios de calle estimados, concluye que solo por concepto de venta de marihuana, cocaína y pasta base el gasto el año 2018 rodeaba los 351 millones de dólares (un millón de dólares diarios) en Chile. Si bien estimaciones relevantes, quedan cortas al no considerar las cifras reales (que solo podemos estimar) de consumo y venta de tanto drogas convencionales como de diseño. A esto también se le deberían sumar los ingresos generados por el tránsito de drogas y otras actividades económicas ilícitas realizadas. Los ingresos que podría estar generando el crimen podrían fácilmente duplicar o quintuplicar estas cifras.

¿Por qué seguimos entregando millonarios recursos al narco, gastando en perseguirlo sin éxito y permitiendo que controle la salud pública? ¿Por qué mejor no quitarle el monopolio al crimen y permitir que el Estado se haga cargo de la problemática de las drogas? Si bien hace tiempo venimos argumentando la necesidad de regular ciertas drogas (6), hoy es el momento de definir una hoja de ruta para implementar un plan regulatorio. Mientras es irresponsable argumentar que con la legalización de las drogas se terminará el narcotráfico y el crimen, sí lograría quitarle gran parte de sus recursos. Con ello, además el Estado podría de una vez por todas tomar control del mercado desde una perspectiva de la protección a las personas y no de la persecución prohibicionista obsesiva que prima hoy.

Evidencia y experiencias de regulación de cannabis para analizar y extraer de ellas aciertos y errores abundan. En EEUU 16 estados han legalizado la marihuana para fines generales y 36 para medicinales. Si bien el impacto sobre indicadores como el crimen todavía esta por verse, el impacto económico ha sido gigantesco. Parte de lo que antes se llevaba la ilegalidad, hoy significa recaudación de impuestos y trabajo. El 2019 Colorado recaudó más de 302 millones de dólares en impuestos y se estima que una regulación nacional podría llegar a los 128 mil millones de dólares. Por lo demás, la industria del cannabis al 2020 generaba 243,700 (7) puestos de trabajo a tiempo completo. Más cerca nuestro se encuentra Uruguay. Las 10 toneladas que se cosechan legalmente ahí equivalen a 20 avionetas menos que llegan desde Paraguay (8) que tiene un mercado que genera 700 millones de dólares al año. Los problemas no llegaron como se anunció. La venta es segura, el país no se transformó en un paraíso canábico, los millones de dólares que genera el comercio entraron a la economía formal y no a economías ilegales, además se generaron puestos de trabajo (9). La percepción de riesgo entre escolares en vez de aumentar como se predecía, se estabilizó tras la caída del 2014 (10) y la cantidad de adolescentes consumidores no se disparó sino se mantuvo estable mientras la edad del primer consumo se retrasó. Efectivamente aumentó el consumo en adultos, pero siguiendo una tendencia que venía desde el 2001. Sin ir más lejos en el año 2016 en Chile autorizamos la plantación, cosecha y cultivo de 1.500 kilos de cogollos dirigida por la Fundación Daya que posteriormente fue transportada desde el Maule a Valparaíso con participación de Carabineros, la PDI, el SAG y autoridades regionales.

Es urgente abrir debates serios en torno a la regulación de las drogas, pero lo relevante en estos momentos es avanzar hacia un marco de estricta regulación de la cannabis. Este debe contemplar al menos los siguientes principios:

 

1) Salud Pública: La salud de las personas no puede quedar en manos de economías criminales sino del Estado.

2) Seguridad Humana: El sistema actual empuja a que las personas tengan que interactuar y depender de economías ilegales en ambientes de alta inseguridad. Transformando la economía ilegal en legal, permitirá la adquisición y el uso sea en ambientes seguros.

3) Seguridad interior: El modelo actual permite que las economías ilegales generen recursos para financiar sus actividades y aumentar poder. Regular es quitarle una fracción significativa de recursos, reducir el gasto ineficiente en perseguirles y aumentar la eficiencia policial.

4) Educación basada en la evidencia y prevención con foco en reducción de daños: El sistema de educación y prevención no cumplió sus objetivos. Es necesario avanzar hacia una educación basada en la evidencia y prevención con foco en la reducción de daños.

5) Recaudación de impuestos: La economía legal puede generar importantes recaudaciones de impuestos tal y como lo hemos visto en otros países. Esta debe estar dirigida a la educación, la prevención, el tratamiento y a financiar la institucionalidad e investigación científica.

6) Eficiencia en el gasto: El Estado destina millonarios recursos a instituciones públicas (Ministerio del Interior, Carabineros, PDI, FFAA, Ministerio Público, Sistema Judicial, etc.). Los recursos deben estar destinados a una persecución efectiva y focalizada al crimen organizado.

7) Reactivación económica y empleo: Hoy los empleos son otorgados por las economías ilegales. Debemos permitir que el empleo sea generado de forma legal, amparado en condiciones de trabajo decente bajo una industria dinámica.

8) Justicia y Derechos Humanos: El enfoque actual profundiza la criminalización e incluso las violaciones a derechos humanos al perseguir personas por usar drogas para fines personales y sobre todo con fines medicinales (a pesar que la ley lo permite). La desproporción en las penas y la vigilancia son particularmente sobre los sectores vulnerables. Debemos garantizar el ejercicio de derechos y que nadie tema ser castigado injustamente.

 

No será fácil derribar los tabúes ideológicos, trabas morales y conveniencias políticas que impiden que de una vez por todas le quitemos el monopolio del financiamiento, la salud pública y el poder al narco. Pero cambiar el enfoque y avanzar es urgente, precisamente porque son las personas más vulnerables, especialmente en momentos de crisis sociales y económicas como las que estamos viviendo, que se transforman en las principales víctimas. Con todo, dejar que el poder del narco siga aumentando es prácticamente darse por vencido y caer en un espiral interminable de guerras, sangre, corrupción y muerte.

 

1. Chile y las drogas: Una revisión sistemática mirando al futuro. Eduardo Vergara, Editor. Editorial Cuarto Propio, 2016.

2. Datos procesados por el autor en base a Compendio Estadístico Penitenciario 2019 de Gendarmería de Chile. 2020.

3. Observatorio de Datos de Seguridad. Monitor de Seguridad. https://data.monitordeseguridad.org

4. Estudio Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial. Monito de Seguridad, Fundación Chile 21. Enero, 2021. Santiago, Chile.

5. "Zonas ocupadas" se duplicaron en una década: territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana pasaron de 80 a 174. CIPER Chile. Abril 2021. https://www.ciperchile.cl/2021/04/20/zonas-ocupadas-se-duplicaron-en-una-decada-territorios-dominados-por-el-narco-en-la-region-metropolitana-pasaron-de-80-a-174/

6. Propuestas para regular el consumo y venta al por menor de drogas de base vegetal. Vergara, 2013 en "De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas". FES Seguridad. Bogotá, Colombia.

7. 2020 Cannabis Jobs Report: Legal cannabis now supports 243,700 full-time American jobs. https://www.leafly.com/news/industry/243700-marijuana-jobs-how-many-in-america

8. Marihuana cotidiana. El País. https://elpais.com/sociedad/2021-04-20/marihuana-cotidiana.html

9. Exposición en el Congreso Internacional del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis. Diego Oliveira. https://dolivera.medium.com/exposición-en-el-congreso-internacional-del-observatorio-europeo-de-cultivo-y-consumo-de-cannabis-11124e3384f2

10. VII encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Junta Nacional de Drogas de Uruguay. 2020

 

*Director ejecutivo Fundación Chile 21, ex Jefe División de Seguridad Pública, Ministerio de Interior. Cientista político University of Portland, MPA Seguridad Humana, Sciences Po.

 

Publicado en Le Monde Diplomatique, Mayo 2021, pág. 10, Dossier seguridad pública.