Informes en derecho

Informes en derecho

Los miembros de la comisión que investigará Codelco tendrá que husmear en áreas nuevas, plamantes, tales como los ahora justamente famosos "informes en derecho", que han dado origen a un modo alternativo y bastante eficaz para la distribución del ingreso de favores. La operación es de blindaje perfecto, pues se lleva a cabo conforme a la ley: se llenan los documentos y formularios requeridos, se pasan por Contraloría, se firman los decretos, los cheques van a nombre del verdadero beneficiado, se entregan boletas y facturas, y quizás hasta se declaran y pagan impuestos por ellos.

 

Fernando Villegas

 

La comisión a cargo de examinar los gastos y contrataciones de Codelco afrontarán una pesada tarea. Amén de las mil investigaciones relativas a contratos de suministros y otras materias administrativas de corte más bien clásicos, sus titulares tendrán que husmear en áreas nuevas, flamantes, tales como los ahora justamente famosos "informes en derecho". No será tarea fácil. Deberán, en primer lugar, averiguar si dichos informes se ajustan a derecho, esto es, a las prácticas habituales del estado del arte, lo que entraña la pesada faena de comprobar paso a paso en las 10 carillas del informe, papel tamaño oficio, si se llevó a cabo una buena recopilación de artículos y precedentes legales del tema en cuestión fotocopiando o escaneando material jurídico del código que era relevante, pero no de otros. En seguida, será procedente -y no es menor- verificar que, en su irrelevancia, dichos informes puedan auténticamente ir derecho al canasto de los papeles sin molestar ni perturbar el trabajo de rutina con la exigencia de una lectura y estudio acucioso; finalmente se necesitará chequear que, en efecto, permitan iniciar con pie derecho el saneamiento de la cuenta corriente de camaradas en apuros.

Hecho eso, aclarado eso, el tema deberá ser político y se convertirá en sociológico. Es indudable que estos informes han dado origen a un modo alternativo y bastante eficaz para la distribución del ingreso de favores. No sólo eficaz, sino de blindaje perfecto pues la operación se lleva a cabo conforme a la ley: se llenan los documentos y formularios requeridos, se pasan por Contraloría, se firman los decretos, los cheques van a nombre del verdadero beneficiado, se entregan boletas y facturas, y quizás hasta se declaran y pagan impuestos por ello. El gobierno ha sido muy firme y contundente en aclarar todo eso.

 

Las amplias avenidas

Visto desde ese y otros ángulos pronto se revelará, creemos, que el informador en derecho es un ciudadano infinitamente más productivo para la sociedad que el tradicional caso del favorecido con una sinecura (cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo), sistema este último afortunadamente ya en franca decadencia, aunque todavía abundante y con reliquias en verdad notables actualmente en exhibición en el segundo piso de La Moneda.

El agraciado con una sinecura tradicional reporta muchos gastos de caja y supone compromisos fiscales de largo plazo. En efecto, debe ser nombrado en un cargo ficticio cuya función, de intentar celebrarla, entorpece el buen funcionamiento de las reales; por añaduría es preciso habilitarle una oficina, asignarle muebles y quizás vehículos, una secretaria, artículos de escritorio, vales de casino, bonos de productividad y aguinaldo de Fistas Patrias, Navidades y Año Nuevo. Y todo eso por muchos años, jubilación incluida, hasta la muerte del nominado. No olvidemos el montepío.

El informador en derecho, en cambio, se limita a cobrar sus honorarios por tiempo limitado y deja entonces abiertas más temprano que tarde las amplias avenidas del pituto. Eso de por sí democratiza considerablemente el beneficio. Fuera de eso es el mismo quien pone la oficina, los papeles, el tiempo en internet para las operaciones de copy-paste, vehículo, etc. Sale, entonces, mucho más barato y sus actos o falta de éstos jamás perturban el fluir de la cosa pública.

En este sentido el informador en derecho se alinea con otras formas modernas de burocracias para-estatal igualmente eficaces en lo tocante a no producir aglomeraciones en los edificios públicos y aun menos en la orgánica de la institución. El informador en derecho es, por lo mismo, colega del propietario de una consultora y primo hermano del dueño de un instituto, si bien estos últimos han tendido más bien a adherir sus ventosas en las ubres de empresas privadas.

El efecto neto es una notable "flexibilización" (otro concepto de moda en los círculos del poder) del proceso de distribución de recursos públicos hacia manos privadas. Sin duda tenderá a poner coto y eventualmente a eliminar el proceso en virtud del cual pelafustanes de calibre intermedio de la administración pública, a partir de los 70 en adelante, se sintieron con derecho a contratar una secretaria para llevarles sus agendas, luego un consultor en comunicaciones, en seguida un asesor de prensa, después el secretario o secretaria de ambos y finalmente un "jefe de gabinete" para manejar a todo ese personal. Y así sucede hoy que hasta el jefe de la Dirección General de Inspección de Columpios tiene a su disposición un entorno o séquito o corte personal de no menos de cinco personas a tiempo completo. Este proceso engorda la burocracia -y lo sigue haciendo hasta hoy, tememos- de manera exponencial. Como sucede con los daños y perjuicios que puntualmente son de pequeño calado, su efecto global acumulado no se hacía evidente sino hasta cuando era demasido tarde.

 

Outsourcing

Los consultores y suministradores de informes en derecho no producen esa eflorescencia burocrática. De hecho, este outsourcing del pituto está en plena armonía con los preceptos de la empresa moderna. Villazú es un innovador y, como a todos los innovadores, le ha acaecido no ser comprendido. Es muy posible que el Estado, cuyas instituciones, pese a lo que diga el Presidente, NO FUNCIONAN, avancen al menos a paso de polca y/o a los tropezones gracias a esos procedimientos. Es la razón y legitimación que dan los voceros oficiales de fenómenos tales como los sobres bajo la mesa y las contrataciones paralelas.

El problema entonces NO ES atacar dichas prácticas, que tal vez nos están ahorrando severas ineficiencias del aparato burocrático, sino estimularlas y generalizarlas, transparentarlas y sincerarlas. Podría, por ejemplo, abrirse un registro o catastro nacional de compañeros, camaradas y compadres en problemas y atender sus necesidades en estricto orden de llegada, preeminencia partidaria y número de cargas familiares, evitándose así, como lamentablemente ha sucedido, irritantes casos de monopolio vitalicio de los pitutos por parte de los mismos salivosos nombres.

Podrían asimismo establecerse tarifas decentes, pero al mismo tiempo raonables, para los informes en derecho, las consultorías y las asesorías de modo que no seas odiosamente discrecionales. Las mejores de ellas las imagino recibiendo becas especiales del Fondecyt. Estoy en lo personal, con el fin de ofrecérselas a la Gobernación Marítima de Valparaíso, preparando un contundente informe en derecho sobre la importancia del agua en la navegación. Eso nos ha obligado a consultar tratados de jurisprudencia marítima, derecho del mar, precedentes históricos, etc. No ha sido poco el esfuerzo. Sé de un colega que prepara un informe en derecho para el SNS sobre la importancia del aire para la respiración, de no menor dificultad e interés científico. Asumo que obras de esa naturaleza debieran al menos tener derecho a concursar por fondos adicionales que permitan profundizar el tema y no dejarlo, como es costumbre en Chile, sólo a medias.

 

Publicado en suplemento Reportajes de diario La Tercera el 31 de julio de 2005.

La Tercera, Santiago de Chile, 31 de julio de 2005, suplemento Reportajes, pag. 26.